Cada vez que un inversor internacional analiza un proyecto en España, normalmente hace las mismas preguntas.
¿Cuál es la rentabilidad?
¿Cuál es el riesgo?
¿Cuándo podremos empezar?
Curiosamente, la tercera pregunta es, cada vez más, la que decide si una operación sigue adelante… o termina en otro país.
Hace poco trabajábamos en un activo que despertó un enorme interés entre varios inversores extranjeros.
Era una operación sólida, una ubicación era excelente y el modelo de negocio tenía sentido.
Los números funcionaban.
Sin embargo, cuando empezamos a explicar los plazos previsibles para obtener autorizaciones, licencias, informes sectoriales y todos los trámites necesarios para poner el proyecto en marcha, la conversación cambió por completo.
No discutieron el precio.
No renegociaron la rentabilidad.
Simplemente llegaron a una conclusión muy clara:
No estaban dispuestos a esperar varios años para empezar a operar.
Y buscaron oportunidades en otros mercados.
A menudo pensamos que la competencia entre países se basa en la fiscalidad, el coste del suelo o el talento.
Mi experiencia me dice que existe otro factor decisivo del que hablamos muy poco:
la capacidad de ejecutar proyectos en un plazo razonable.
La propia OCDE lleva años advirtiendo de que la complejidad administrativa, la duración de los procedimientos y la coordinación entre administraciones reducen el atractivo para la inversión y aumentan los costes de desarrollo.
El FMI también ha señalado que reducir la incertidumbre regulatoria y agilizar los procedimientos administrativos sería una de las reformas con mayor capacidad para impulsar la inversión en España.
Y aquí es donde creo que deberíamos abrir un debate profundo.
Porque nadie está pidiendo menos garantías, menos controles o menos protección del interés general.
Lo que muchos inversores reclaman es algo mucho más sencillo:
reglas claras, procedimientos previsibles y tiempos compatibles con la realidad empresarial.
Vivimos en un mercado global.
El capital compara.
El capital decide.
Y el capital puede elegir entre decenas de destinos.
Cuando un proyecto tarda tres, cuatro o cinco años en poder iniciar su actividad, el problema deja de ser únicamente urbanístico o administrativo.
Se convierte en un problema de competitividad económica.
